La Corte Penal Internacional deja al descubierto las mentiras del Kremlin sobre la deportación de niños
Durante más de un año, los medios rusos controlados por el estado y los expertos en desinformación pro-Kremlin han estado tratando de convencerse a sí mismos y al mundo de que el traslado forzoso y la deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia o a los territorios temporalmente ocupados por Rusia eran acciones «humanitarias», «voluntarias» y tenían como objetivo atender las necesidades de los niños.
Los medios rusos controlados por el estado difundieron historias inspiradoras sobre cientos de familias rusas que estaban en espera para adoptar huérfanos del Dombás y Ucrania, mientras que algunos niños ucranianos de Mariúpol fueron usados como gancho por los propagandistas del Kremlin. Se les obligó a agradecer y dar un abrazo a sus «libertadores» en una coreografiada actuación que tuvo lugar en un mitin pro-guerra celebrado en Moscú.

El organizador del mitin pro-guerra celebrado en el Estadio Luzhnikí en febrero de 2023 anima a una niña y a otros niños ucranianos a «no ser tímidos y dar un abrazo a su salvador».
Naturalmente, en ninguna de estas maniobras propagandísticas para caer en gracia se hizo mención alguna de la enorme devastación causada por Rusia, que ha provocado el desplazamiento de millones de ucranianos, incluidos niños, ni a los ataques deliberados contra infraestructuras civiles con menores de edad en su interior.
Y fue el 17 de marzo de 2023 cuando la Corte Penal Internacional hizo estallar la burbuja propagandista.
Las órdenes de detención emitidas por la Corte Penal Internacional contra el presidente Putin y Maria Lvova-Belova, comisaria para los derechos del niño en Rusia, pusieron en entredicho la narrativa de desinformación sobre «la evacuación de niños por su propio bien». En su comunicado, la Corte consideró que «existen motivos razonables para creer que tanto Putin como Lvova-Belova son responsables penalmente a título individual» de la deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia. Dicho comunicado también revelaba que, lejos de tratarse de medidas humanitarias, las deportaciones rusas eran en realidad atrocidades dignas de enjuiciamiento internacional. La Corte acusó a los dirigentes rusos precisamente del tipo de traslados ilegales de niños que los medios de desinformación pro-Kremlin más sórdidos habían imputado anteriormente a Ucrania y Occidente. Como era de esperar, los comentaristas rusos solo pudieron reaccionar profiriendo amenazas impotentes contra la Corte y sus jueces, a la vez que difundían mentiras cada vez más absurdas.
¿Cómo justificó el Kremlin estos actos horribles? Veamos el contexto que explica cómo se ha llegado a esta situación.
Número de refugiados
Según Dariya Herasymchuk, comisaria para los derechos del niño en Ucrania, hasta el 30 de marzo, Rusia habría deportado ilegalmente al menos 19 514 niños ucranianos a Rusia, si bien puede que la cifra real alcance los cientos de miles.
Un reciente informe del Mecanismo de Moscú de la OSCE sobre violaciones y abusos del derecho internacional humanitario y los derechos humanos también reconocía que Rusia estaba trasladando y deportando por la fuerza a miles de niños ucranianos. Dicho informe, llevado a cabo por 45 países, concluyó que «Rusia ha desplazado a un gran número de niños ucranianos» y que «el traslado forzoso y/o la deportación de niños ucranianos a los territorios temporalmente ocupados o al territorio de la Federación Rusa podrían tratarse de un crimen contra la humanidad».
En su conjunto, la guerra ha obligado a millones de ciudadanos ucranianos (tanto adultos como niños) a abandonar sus casas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados señala que más de 2,8 millones de refugiados ucranianos se encuentran en Rusia, mientras que más de 5 millones residen actualmente en Europa bajo la Directiva de protección temporal de la UE u otras medidas nacionales similares. Desde febrero de 2022, aproximadamente un total de 16 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus casas en Ucrania, de las cuales unos 8 millones se refugiaron fuera de Ucrania, principalmente en la UE, mientras que cerca de 8,2 millones se vieron forzadas a desplazarse dentro del mismo país. Por suerte, muchas de ellas ya han podido volver a sus casas, pero este número masivo de refugiados, que se suma a los miles de muertos y heridos, indica la magnitud de la guerra y del sufrimiento humano que esta conlleva.
Mucho antes de que la Corte Penal Internacional emitiera dichas órdenes, las fuentes de desinformación prorrusas habían alegado que Rusia había actuado humanitariamente al ordenar la evacuación de personas de las zonas en conflicto y presentaban las deportaciones forzadas como un gran gesto de la generosidad rusa, especialmente en la zona de Jersón. Lo habitual es que los propagandistas rusos presenten las «evacuaciones» como consecuencia de los bombardeos ucranianos, normalmente llevados a cabo con armas de Occidente. Sin embargo, las entrevistas a los «evacuados» realizadas por agentes externos sugieren un escenario mucho más siniestro. A menudo, las fuerzas rusas destinan a los ciudadanos ucranianos capturados en territorios ocupados por Rusia a campos de «filtración», en los que se tortura y a veces se hace desaparecer a los sospechosos de simpatizar con Ucrania, y donde, en una práctica aparentemente habitual, se separa a los niños de sus progenitores.
La Corte Penal Internacional llama la atención al Kremlin… apelando a la «responsabilidad penal a título individual»
Las órdenes de detención de la Corte dejan en evidencia al Kremlin. Sin poder seguir escondiéndose tras oscuras insinuaciones, los comentaristas rusos más destacados recurrieron a las exageraciones. Una publicación tachó la decisión de emitir las órdenes de una «bacanal jurídica sin precedentes». Otra amplificó comentarios que temían que la situación fuera a aumentar el riesgo de un enfrentamiento nuclear. Y otra aseguraba que la decisión no era más que una «patraña» diseñada para criminalizar a Putin y a Rusia.
Los medios pro-Kremlin no tardaron en ir más allá y atacar la legitimidad de la propia Corte Penal Internacional. Tal y como ha pasado con otras organizaciones internacionales que han tratado de cuestionar las acciones rusas, los medios de desinformación tacharon a la Corte Penal Internacional de arma política. Sputnik afirmó que la Corte Penal Internacional «ha sido utilizada como arma para reforzar el imperialismo estadounidense». Un artículo en italiano alegó que estas órdenes de detención habían destruido los «últimos vestigios de credibilidad» de la Corte. Sputnik Afrique (sucesora de RT France tras su quiebra) tildó la Corte Penal Internacional de «brazo secular del sistema de recolonización», en su afán de manipular o lavar el cerebro del público africano, así como el de Rusia y otros territorios.
El objetivo de todos estos relatos era evidente. En vez de hablar de las pruebas sobre las que se fundamentan las órdenes de detención o reconocer la posibilidad de que el país esté liderado por un criminal de guerra, los comentaristas pro-Kremlin intentaron cambiar desesperadamente de tema.
Narrativas insidiosas
Uno de los intentos más insidiosos de cambiar la narrativa apareció en forma de «documental» en el canal RT, donde se acusaba a Ucrania y a los países occidentales, así como a ONG occidentales como Médicos Sin Fronteras, de secuestrar a niños para vender sus órganos o bien someterles a la trata sexual. La táctica resulta familiar, puesto que ya ha sido usada en otras ocasiones: acusar a tu oponente de los actos más atroces y usar estas acusaciones para justificar tu propio mal comportamiento. Incluso antes de la invasión a gran escala de Ucrania, los medios pro-Kremlin ya habían acusado a Ucrania de vender órganos de sus propios soldados.
Otros artículos se inventaban historias descabelladas sobre el gobierno ucraniano, acusándoles de «robar» a niños del Dombás para entregarlos a «pedófilos británicos» o intercambiarlos por armas. La UE también fue acusada de robar a niños de las manos de sus progenitores refugiados.
Todas estas mentiras envenenadas siempre se habían quedado en rincones recónditos del discurso pro-Kremlin. Sin embargo, tras la decisión de la Corte Penal Internacional, parece ser que el Kremlin ha decidido sacarlas a relucir sin tapujos. Incluso los altos cargos rusos han decidido mostrar su simpatía hacia toda esta sarta de mentiras. María Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, comentó que «la preocupación imaginaria de Occidente hacia la suerte de los niños evacuados por Rusia de las zonas en conflicto es hipócrita y cínica teniendo en cuenta los catastróficos problemas a los que se enfrentan miles de ucranianos menores de edad en los países de la UE».
No cabe duda de que la UE ha abierto sus puertas a la población ucraniana refugiada, incluidos los menores de edad, ofreciéndoles varios programas de apoyo. ¿A qué condiciones «catastróficas» se refiere Zajárova? A saber. Para distraer al público, es mejor murmurar falsedades que hacer frente a los hechos.
Los tiempos de la justicia
La decisión de la Corte Penal Internacional es el inicio de lo que parece que serán décadas de litigios y condenas internacionales en relación con los crímenes de guerra cometidos por Rusia durante la invasión de Ucrania perpetrada a órdenes de Putin. Puede que la justicia sea lenta, pero tarde o temprano, llega. El 19 de marzo, el alto representante de la UE, Josep Borrell, consideró la decisión como «el comienzo del proceso de responsabilización y de rendición de cuentas por parte de los dirigentes rusos».
Unos días después, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que junto con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, y en colaboración con el gobierno ucraniano, habían emprendido medidas destinadas a presionar a Rusia para que devolviera a los niños ucranianos a su país de origen. Se están determinando los recursos necesarios para esta labor.
Puede que dichas intervenciones no sean tan entretenidas como lo es la propaganda. No obstante, las medidas judiciales que representan gozan de un poder de permanencia mucho mayor. Dichas medidas, a su vez, sirven para advertir a los líderes del Kremlin que los crímenes de guerra perpetrados por Rusia en Ucrania, incluida la deportación forzada de niños, no quedarán impunes.