Georgia: la resiliencia en acción
Cuando, por primera vez en marzo de 2023 y nuevamente en abril de 2024, los manifestantes salieron a las calles de Tiflis para expresar su oposición al proyecto de ley sobre agentes extranjeros que se está tramitando en el Parlamento (más tarde renombrado como proyecto de ley sobre la transparencia de la influencia extranjera y al que rápidamente se bautizó como ley rusa), la respuesta de la maquinaria de desinformación pro-Kremlin fue tan rápida como predecible: Occidente está incitando a los disturbios y tratando de provocar una «revolución de colores» en Georgia, al igual que hizo en Ucrania en 2014.
Las voces pro-Kremlin afirman que las organizaciones no gubernamentales en Georgia, precisamente los grupos a los que la nueva ley pretende regular, son una herramienta clave del supuesto plan de Occidente para provocar un cambio de régimen en Georgia. Según esta desinformación, dichos activistas locales habrían utilizado fondos de Occidente para tramar una revolución. Aparentemente, seguían un guion propio de una película hollywoodiense creado para desbancar al Gobierno y avivar la histeria antirrusa, afirmando que la nueva ley de agentes extranjeros está inspirada en la legislación rusa.
¿Doble rasero?
En respuesta al descontento generalizado respecto al proyecto de ley y al aparente distanciamiento del país de la senda europea que supondría la aprobación de esta ley, los parlamentarios del partido gobernante, la coalición Sueño Georgiano, se pronunciaron en los medios de comunicación para negar cualquier relación de la ley con Rusia y afirmar que se habían promulgado o se estaban preparando leyes similares en varios Estados miembros de la UE y en Canadá, además de la llamada Ley FARA en EE. UU.
«La ciudadanía cree que el proyecto de ley perjudica a los socios occidentales y que Georgia no podrá entrar en la UE si se aprueba», declaró un diputado del partido Sueño Georgiano. «Esto no tiene ningún sentido. La transparencia y la información son uno de los valores más importantes de Europa y este proyecto de ley también está al servicio de eso».
Sin embargo, el mes pasado, el alto representante de la UE, Josep Borrell, y el comisario europeo de Vecindad y Ampliación, Olivér Várhelyi, advirtieron en una declaración que «esta ley no se ajusta a las normas y valores fundamentales de la UE» y que «la adopción final de esta norma afectaría negativamente al avance de Georgia en su camino hacia la adhesión a la Unión Europea». Por ello, la UE pidió a las autoridades georgianas que retiraran la ley de su tramitación parlamentaria.
Esto, a su vez, suscitó denuncias sobre la existencia de un doble rasero. «Nos están obligando a no adoptar una ley que fue iniciada por la misma UE», afirmó un legislador. Otra diputada describió la petición de la retirada de la ley efectuada por la UE como «otra expresión del doble rasero de la burocracia europea, que, teniendo en cuenta nuestra cooperación mutua, me parece inaceptable».
En realidad, no hay ningún «doble rasero», puesto que, a diferencia de la ley de «agentes extranjeros» de Georgia, la propuesta de Directiva europea sobre transparencia en la representación de intereses apoya los esfuerzos para contrarrestar la desinformación y la injerencia por parte de agentes extranjeros procedentes principalmente de países no democráticos y no estigmatiza ni discrimina a determinadas entidades por recibir financiación extranjera, sino que aborda las actividades de los lobbies o grupos de presión.
Este despliegue de acusaciones retóricas de «doble rasero» procede directamente del manual de desinformación del Kremlin. En el pasado, esta táctica se ha utilizado para tratar de legitimar la anexión ilegal de Crimea, acusar a la UE de maltratar a periodistas rusos o justificar los alardes de potencial nuclear del Kremlin, entre otros fines. No se deje engañar por esta táctica de manipulación. No es más que un intento de distraer a la opinión pública y de ignorar cualquier preocupación legítima.
«Un complot para arrastrar a Georgia a la guerra»
Los medios pro-Kremlin han hecho su agosto lanzando acusaciones disparatadas contra la UE y, en términos más generales, contra «Occidente». En palabras de un medio de comunicación: «Si no se aprueba esta ley, Georgia no podrá evitar la desestabilización, el cambio violento de Gobierno y, por ende, la participación de Georgia en la actual guerra» en Ucrania. De nuevo, estas acusaciones conspirativas son solo versiones de la narrativa de desinformación pro-Kremlin que acusa a Occidente de «desestabilizar la región» e instrumentalizar el miedo a la guerra de la población.
Estas advertencias apocalípticas parecen haber tenido poco efecto sobre la ciudadanía georgiana. Decenas de miles de ciudadanos han salido a las calles durante semanas para expresar su descontento con el proyecto de ley, destinado a silenciar a los organismos de control locales antes de las próximas elecciones parlamentarias de octubre, lo que demuestra que la población georgiana ve estas afirmaciones como lo que son: argumentos muy bien ensayados al más puro estilo ruso.
De hecho, la afirmación de que Ucrania u «Occidente», es decir, la UE, la OTAN, EE. UU. y los «anglosajones», pretenden abrir un segundo frente contra Rusia en el Cáucaso Meridional no es nueva. Según hemos documentado, tales acusaciones infundadas de injerencia occidental, supuestos planes de arrastrar a Georgia a una guerra con Rusia y falsas apelaciones a la soberanía georgiana aparecieron también en la primavera de 2023, la última vez que el Parlamento georgiano trató de aprobar la controvertida ley. De hecho, los medios pro-Kremlin difunden esta idea de que «Occidente» está promoviendo las «revoluciones de colores» organizadas por ONG financiadas por Occidente en los países vecinos de Rusia para cercar a Moscú cada vez que necesitan desacreditar la democracia y la acción cívica legítima.
Una ley controvertida
Los manifestantes, así como otras personas críticas con el proyecto de ley, afirman que dicha propuesta es un reflejo de una ley rusa de 2012 que se ha utilizado para reprimir la disidencia y acallar a grupos cívicos y medios de comunicación, y que la ley georgiana podría utilizarse para restringir la libertad de expresión y asociación. Asimismo, la ley podría poner en peligro las reformas democráticas que se necesitan en Georgia para poder formar parte de la Unión Europea.
En 2023, una oleada similar de protestas contra un intento anterior de aprobar la ley obligó al Gobierno a retirarla. Ahora, el Gobierno la ha vuelto a introducir, lo que ha desencadenado la oleada actual.
Parece ser una decisión profundamente impopular entre gran parte de la población georgiana, cuyas protestas han contado esta vez con el respaldo de una coalición de partidos de la oposición, así como de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Decenas de miles de personas de todas las clases sociales y de distintas generaciones, muchas de ellas jóvenes, se han sumado sistemáticamente a las protestas de las últimas semanas, a las que se ha dado respuesta con una creciente violencia policial.
La coacción a los manifestantes también ha adoptado formas de intimidación más retorcidas. Por ejemplo, destacados dirigentes de organizaciones legítimas de la sociedad civil georgiana y veteranos periodistas de investigación han sido objeto de una campaña coordinada de intimidación, en la que sus oficinas han sido vandalizadas con carteles difamatorios que los tachaban de «agentes extranjeros». Un gran número de ciudadanos georgianos han recibido llamadas telefónicas intimidatorias de números desconocidos, tanto nacionales como del extranjero. Las recientes tácticas de intimidación, en las que los manifestantes más activos son acorralados por grupos de policías y golpeados con dureza, se han convertido en algo habitual en las manifestaciones.
Firmes ante la intimidación
El hecho de que el pueblo georgiano no se deje engañar por la avalancha de desinformación pro-Kremlin ni se deje intimidar por la represión de las protestas por parte de las autoridades es una señal de la fortaleza de su sociedad civil. Un claro ejemplo de resistencia a la desinformación y manipulación de información llevada a la práctica.
